Defensor del Pueblo alerta sobre Bacrim y cárceles

En el marco de la instalación del Tercer Foro de Análisis del Sistema Penal Acusatorio, convocado por la Fiscalía General de la Nación, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, reiteró su preocupación por las fallas en el sistema carcelario del país e insistió en la emergencia social como medida de choque para afrontar esta problemática.

De la misma forma, invocó el poder preferente de la Procuraduría General de la Nación para que se investiguen los hechos que terminaron con la vida de 10 internos en la Cárcel Modelo de Barranquilla.

El funcionario solicitó el concurso de las autoridades competentes para agilizar la identificación de las cuatro víctimas pendientes por esta tragedia y llamó la atención para que se adopten medidas de prevención inmediatas en otros centros penitenciarios del país, como es el caso de San Andrés, donde el Defensor adelanta su primera visita humanitaria del año, y donde en las últimas horas evidenció graves falencias en materia de infraestructura, además del índice de hacinamiento ubicado en el 53 por ciento, por cuanto si bien la capacidad de la cárcel Nueva Esperanza es para 139 reclusos, en la actualidad hay 216.

Otálora Gómez también expresó preocupación por el tema de los menores infractores en el Archipiélago, toda vez que permanecen albergados en el Coliseo Rosado bajo condiciones que contravienen los derechos fundamentales de estos adolescentes, la mayoría de ellos comprometidos en delitos de hurto. Recordó que la atención de estos jóvenes depende de un convenio entre la administración departamental y la ONG Gestos de Paz, el cual vence el próximo 31 de Marzo y de no ser refrendado, obligaría a la liberación inmediata de los aprehendidos o su remisión a territorio continental.

De otro lado, enfatizó en la alerta emitida a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo esta semana ante la situación de Derechos Humanos en San Andrés, en relación con la presencia de grupos armados ilegales post-desmovilización de las AUC (‘bandas criminales’), máxime cuando anoche se presentó un nuevo asesinato en la isla por ajustes de cuentas entre estas organizaciones, lo cual se suma a los 20 homicidios ocurridos el año anterior, 14 de ellos con arma de fuego.

Otálora Gómez dijo que el panorama es delicado porque más allá de las muertes violentas (que en los últimos dos años han incluido al menos cuatro casos con señales de tortura), el accionar de ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’ ha acentuado fenómenos como la amenaza y la extorsión, generando temor entre los habitantes del Archipiélago.