Con el fin de reducir los efectos económicos, sociales, políticos y jurídicos, derivados de la corrupción, el Gobierno nacional fortalecerá las herramientas y mecanismos para su prevención, investigación y sanción en lo público y privado, tanto en lo nacional como territorial.
Las acciones, previstas en el CONPES Social 167, que serán lideradas por la Presidencia de la República y en las que además de ministerios y departamentos administrativos, participarán los organismos de control y la Fiscalía General de la Nación, buscan mejorar el acceso y la calidad de la información pública, así como las herramientas de gestión anticorrupción, aumentar la incidencia del control social sobre la gestión pública, y promover la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad.
Desde la perspectiva de la investigación y sanción, se incluyen acciones para luchar contra la impunidad en los actos de corrupción.
“Contar con herramientas y mecanismos más fuertes permitirá obtener mayores y mejores resultados en términos de reducción de la corrupción, incidiendo positivamente en la percepción ciudadana y conduciendo a mayores niveles de confianza institucional”, dijo el subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación, Jaime Torres.
Con la decisión de hacer de la lucha contra la corrupción una política integral, se busca:
– Mejorar la gestión pública haciendo que la administración de los bienes públicos y la toma de decisiones colectivas sean más transparentes.
– Contar con servidores públicos y ciudadanos que actúen con integridad.
– Lograr que la rendición de cuentas haga parte de la cultura de las organizaciones públicas y privadas.
– Mejorar la percepción de los ciudadanos sobre la administración pública.
– Aumentar el impacto positivo de los resultados de política sobre la calidad de vida de los ciudadanos, logrando mejores inversiones y transformaciones efectivas, a través de administraciones públicas libres de corrupción.