Tras un proceso de varias mesas de trabajo desde que comenzó su administración, el alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales dio por terminado de forma bilateral el contrato de contribución por valorización. Así lo dio a conocer el mandatario de los vallenatos en rueda de Prensa en la que estuvo acompañado por el secretario de Obras, Jair González y la gerente de Fonvisocial, D’Angela Maestre.
“Este proyecto nació con piso de ilegalidad, determinada por la evaluación que hizo la Contraloría Municipal, porque se autorizaron unas vigencias futuras sin la realidad financiera que tenía el municipio”, anunció el Alcalde quien explicó además que por la liquidación del contrato, que tenía como objeto la realización de tres obras de infraestructura, no habrá consecuencias de tipo financiero para el municipio a pesar de que no se terminaron las obras, pero aclaró que aún deben cancelar al contratista un pasivo de mil 200 millones de pesos con el sistema de pago de la Ley 550”, manifestó Socarrás Reales.
En total eran obras estratégicas que llegaban a los 144 mil millones de pesos, y que posteriormente fue autorizado para que Fonvisocial las operara; “el proyecto que tuvo las mejores intenciones pero nació con piso de ilegalidad, determinada por la evaluación que hizo la Contraloría”, anunció el alcalde de los vallenatos quien dijo además que se autorizaron unas vigencias futuras sin la realidad financiera que tenía el municipio, caso como por ejemplo no se informó del crédito de los 36 mil millones, y el concejo dio aprobación de las vigencias futuras del 2010 al 2014 sin tener la información financiera real, de todo este piso de ilegalidad y que en cualquier momento los organismos de control determinarán la ilegalidad.
El paquete de obras contemplaba una inversión de 33.000 millones de pesos, de los cuales en el periodo anterior el gobierno de turno giró el 50% sin que inicialmente estuviera contemplado en el contrato, que fue modificado con otro sí, para habilitar el desembolso que se hizo con un cheque de gerencia y cuya cuenta ni siquiera aparece en la tesorería municipal, lo que es objeto de investigación por parte de los organismos de control.