Como resultado de un análisis detallado en los territorios y comunidades que podrían verse afectados por situaciones que restrinjan el libre desarrollo durante las elecciones que se avecinan, la Defensoría del Pueblo a través de su Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones a los Derechos Humanos y su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), elaboró el Informe Especial de Prevención para los Comicios de 2014, el cual advierte condiciones de vulnerabilidad en 221 municipios del país, equivalentes al 20 por ciento del total nacional.
El documento, que tiene en cuenta las conductas, estrategias e influencia de los grupos armados ilegales, señala que 65 municipios se encuentran en riesgo extremo, 69 en alto riesgo y 87 más en nivel medio de riesgo, cifras que si bien prenden las alarmas de cara a la jornada democrática que se avecina, muestran también una disminución del 36 por ciento respecto a las proyecciones establecidas para las elecciones del año 2010.
Cabe señalar que los 221 municipios considerados en riesgo, están distribuidos en 25 departamentos, de los cuales Antioquia con 25, Cauca con 24, Chocó con 18, Córdoba con 15, Norte de Santander con 15 también, Valle del Cauca con 14 y Nariño con 12, encabezan la lista de regiones con mayor probabilidad para la ocurrencia de hechos perturbadores en la justa electoral.
El Informe expresa que si bien las acciones violentas de los grupos guerrilleros han disminuido, las FARC siguen constituyéndose en una fuente de riesgo, que para esta ocasión involucra a 181 municipios, es decir el 82 por ciento del total proyectado, 60 de ellos en riesgo extremo, 60 en alto y 61 en nivel medio.
No menos preocupante es el panorama que ofrece el accionar de los grupos armados post-desmovilización o “bandas criminales” como “Los Urabeños”, “Los Rastrojos”, la “Oficina de Envigado”, “Los Botalones”, “La Empresa” y “La Constru”, quienes ejercen presión e intimidación a través del narcotráfico, promoviendo situaciones como amenazas y promesas forzadas de financiación de campañas a cambio de no atentar contra la vida de los candidatos ni la de sus familias. Los departamentos que podrían verse más afectados por circunstancias de esta naturaleza y modalidades como el constreñimiento al elector por parte de las “Bacrim” son Valle del Cauca, Nariño y Putumayo.
El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ha advertido amenazas recurrentes de “Los Rastrojos” en esas regiones contra concejales, funcionarios públicos, dirigentes políticos y líderes sociales y comunitarios. De acuerdo con el Informe Especial de Riesgo 2014, los grupos armados post-desmovilización son fuente de amenaza en 108 municipios, que corresponden al 47 por ciento del total, 19 de ellos considerados en riesgo extremo, 40 en riesgo alto y 45 en nivel medio de riesgo.
En cuanto a las conductas que podrían significar una mayor incidencia irregular para los comicios, la Defensoría del Pueblo identificó riesgo de constreñimiento al sufragante en 198 municipios, perturbación del certamen democrático en 166, restricciones a la movilidad en 166, amenazas en 124, hostigamientos y combates en 73, retenciones ilegales en 56, corrupción al sufragante en 53 localidades y posible ocurrencia de homicidios en 17 poblaciones del país. Por el momento, la Institución ha sido informada sobre el traslado de mesas de votación en tres macroregiones del país por falta de garantías hacia la vida e integridad de los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil.