La Contraloría General de la República, gerencia departamental del Cesar, verificó que en la Penitenciaría de Mediana Seguridad de Valledupar el Inpec hizo una inversión de 570 millones de pesos en una planta de tratamiento de aguas residuales que actualmente no funciona.
De acuerdo con lo encontrado por la Contraloría, se evidencia abandono y deterioro en la planta de tratamiento así como descarga directa de las aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento al afluente hídrico que pasa por la zona.
El organismo de control al consultar sobre la situación registrada en la Penitenciaría, obtuvo por información del personal encargado del mantenimiento general y de la administración que no se cuenta con el personal idóneo para la operación y el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales ni con el presupuesto para la compra de insumos y equipos de protección para la operación de la misma.
La obra se realizó en cumplimiento al contrato de obra pública 099 de 2012 suscrito por el Inpec y el Consorcio PTAR Inpec, cuyo objeto era “la adecuación, mantenimiento y puesta en marcha de 10 plantas de tratamiento de aguas residuales y de 4 plantas de tratamiento de agua potable de los establecimientos carcelarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario”.
Según la Contraloría hubo una planeación deficiente en su fase precontractual puesto que aunque al parecer se invirtieron los recursos en la ejecución de la obra de manera específicamente en la Penitenciaría de Valledupar ésta nunca ha funcionado de manera correcta y de forma continua no satisfaciendo la necesidad planteada en los estudios previos de acuerdo al diagnóstico realizado por el Grupo de Obras Civiles del Inpec.
Por su parte, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, abrió investigación ambiental de carácter administrativo en contra del Inpec. La oficina Jurídica de la corporación es la competente para tal fin.
@HerlencyG