Seis de los siete concejales que habían sido suspendidos nueve meses por la Procuraduría Provincial, decisión que posteriormente fue ratificado por la Procuraduría regional, se encadenaron la mañana de este viernes a las rejas del edificio Caja Agraria donde funcionan las oficinas del Ministerio Publico del Cesar, en señal de protesta.
Siete meses después de proferido el fallo, La Procuraduría General, revoco, el fallo que los suspendió del cargo, aunque el proceso iniciara nuevamente, según indico el procurador Alberto Valle.
Los afectados están exigiendo la presencia de una comisión de la Procuraduría General de la Nación en el municipio de Chiriguaná para revise lo que ha pasado con la corporación que aseguran no está sesionando.
Además indican que Chiriguaná cuenta con 13 concejales, siete fueron suspendidos, solo quedaron seis, esos restantes le dieron facultades al alcalde Gustavo Aroca Dagil para contratar, para modificar el presupuesto, para hacer empréstitos comprometiendo vigencias futuras en un solo proyecto.
Afirman que su protesta será de manera indefinida hasta tanto le presten atención en el gobierno central y que decidieron trasladarse a Valledupar porque no han tenido eco en su municipio desde que protestaron de manera pacífica desde el viernes.
Walter García Machado, Oscar Alberto Garrido, John Jairo Meza, Marcelino Moreno Imbreth, José Arnovis Porras, Juan Miguel Ulloa y Yamil Yépez Sánchez, fueron los concejales suspendidos por haber otorgado facultades para contratar por un periodo de 15 días al alcalde de esa población Gustavo Aroca Dagil.
La falta fue calificada como falta grave a título de culpa. El proceso se inició en el año 2002 por quejas del Alcalde Gustavo Aroca ante la procuraduría provincial.