La Universidad Popular del Cesar asumió el costo de intereses moratorios por más de 570 millones de pesos por no pagar oportunamente, durante las vigencias 2011, 2012, 2013 y 2014, sentencias judiciales en su contra debidamente ejecutoriadas.
Tal situación se dio pese a que existían saldos de apropiación para el pago de éstas obligaciones, determinó una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, a través del Grupo de Vigilancia Fiscal de la Gerencia Departamental del Cesar.
Para el organismo de control, este hecho denota una gestión ineficiente y antieconómica por parte de la administración de dicha Universidad, por los cual se configura un hallazgo administrativo con incidencia fiscal por 570 millones 874 mil 384 pesos.
Al 31 de octubre de 2014, la Universidad Popular del Cesar ha pagado por concepto de sentencias judiciales $4.779 millones y tiene pendiente aún por cancelar la suma de $4.776 millones.
El informe de auditoría de la CGR, correspondiente a la vigencia 2013, estableció 40 hallazgos administrativos, de los cuales 5 cinco tienen incidencia fiscal por $746 millones 783 mil pesos y otros 9 tienen presunto alcance disciplinario y, por lo tanto, se dio traslado de los mismos a la Procuraduría General de la Nación.