Los indígenas wiwas están muy preocupados porque, tras casi once años de haber sido declaradas las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el estado colombiano no ha hecho nada al respecto. Así lo denunció Pedro Loperena Mindiola, comisionado de derechos humanos wiwa, quien realizó una presentación de la actual situación ante el gabinete del alcalde Fredys Socarrás Reales.
Loperena dijo que ni las gobernaciones de Cesar, Magdalena y La Guajira, ni las alcaldías de Santa Marta, Riohacha, San Juan del Cesar, El Molino, Becerril y Valledupar y mucho menos, el gobierno nacional, han prestado atención a lo ordenado por la Comisión y podría verse el estado colombiano expuesto a una severa sanción internacional.
El líder wiwa indicó que ni siquiera los gobierno locales y seccionales les han permitido exponer en qué consisten las medidas cautelares. Sólo ahora lo hizo el alcalde Fredys Socarrás.
Los wiwas tienen una población de quince mil indígenas esparcidos por la Sierra Nevada de Santa Marta, en los municipios de Riohacha, El Molino, San Juan, Valledupar, Becerril y el distrito de Santa Marta.