Por Wendy Peralta
Foto: Archivo
La reciente captura de dos hombres, sindicados de ingresar a una sucursal del Banco de Occidente en Valledupar y de atracar a mano armada a uno de los cajeros que atendía en la entidad, así como a otros clientes, dejó en evidencia el incumplimiento de la medida de aseguramiento de detención domiciliaria que les había sido otorgada. Ambos debían estar en sus casas, pero presuntamente habían salido a delinquir.
Los constantes beneficios de la denominada casa por cárcel que otorgan los jueces a personas investigadas o condenadas por actividades delictivas, como hurto, tráfico o consumo de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, viene desmoralizando la labor de la Policía y la Fiscalía en el Cesar, toda vez que la mayoría de los reclusos interpreta la casa por cárcel como sinónimo de libertad.
En Valledupar hay en promedio 850 personas con detención domiciliaria, de las cuales fueron recapturadas 90 en los últimos meses, la mayoría reincidiendo en el delito, es decir, volviendo a cometer actos delincuenciales.
La situación es más crítica sobre todo porque el Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, no cuenta con suficiente personal para que pase las respectivas revistas a las viviendas de cada uno de los cerca de 850 reclusos. En total, hay designados dos guardianes para que realicen el control en Valledupar y sus municipios.
Uno de los funcionarios realiza las visitas y el otro regula los brazaletes de seguridad que son instalados en sus pies a tan sólo algunos de los detenidos, de manera que puedan determinar si salen de sus viviendas o de un circuito predeterminado. La Policía hace un llamado a los jueces.