Foto: Jorge Laporte Restrepo
En el pasado, las guerrillas y los paramilitares se encargaban de generar la alteración del orden público, una vez terminaban las elecciones, en muchos municipios del país, y el Cesar no era la excepción.
Al desaparecer la estructura política de las AUC y diezmarse la presencia de la guerrilla, ahora los actores que generan los disturbios, una vez culminan las votaciones y se conocen los resultados electorales, son los mismos políticos, esos que pierden en las urnas y, que justificados en presuntas irregularidades, arremeten contra las instituciones oficiales, llámense Policía, Registraduría o Alcaldía.
El 25 de octubre, una vez se conocieron los primeros resultados del preconteo transmitido por la Registraduría, comenzaron los problemas en los municipios porque los perdedores no reconocen la derrota y buscan de cualquier manera cambiar esos resultados.
En Palestina, un corregimiento de Pailitas, se generó el primer disturbio cuando se registraron roces, con armas incluidas, porque no se reconocía el triunfo del alcalde electo, Carlos Felipe Toro Velásquez.
La situación después se trasladó al municipio de Pueblo Bello, en donde los indígenas aseguran que Juan Francisco Villazón ganó las elecciones haciendo trampas y no reconocen su triunfo. Allí la diferencia con Saúl Mindiola, quien obtuvo la segunda votación, es de apenas 157 votos. En esa localidad, los nativos aseguran que destruyeron tarjetas electorales y han pedido la intervención de organismos internacionales de derechos humanos. En el sitio donde se realizan los escrutinios hay presencia de simpatizantes de Mindiola para exigir reconteo de votos. Más de 600 indígenas permanecen en una protesta general en el municipio.
En La Jagua de Ibirico, un grupo de habitantes decidió salir a las calles por considerar que hubo irregularidades en la elección de Yercelis Rangel como alcaldesa de esa localidad. Anunciaron bloqueos de vías para exigir revisión de los resultados electorales.
Las autoridades han informado que en todos estos lugares donde se ha registrado alteración del orden público hay presencia de la Fuerza Pública para resguardar la seguridad de la población y la integridad de los funcionarios y servidores públicos.