Por Ubaldo Anaya Flórez
Dos contratos firmados entre el alcalde Fredys Socarrás Reales y el exprocurador Javier Hernando Rojas Martínez, por valor de 99 millones 600 mil pesos, tienen en la mira de la Procuraduría Regional del Cesar a los dos, por la comisión de presuntas irregularidades al firmar el documento que autoriza a Rojas Martínez a defender a Socarrás Reales ante el Ministerio Público.
Javier Hernando Rojas Martínez se desempeñó como procurador provincial de San Gil, Santander, entre junio 23 de 2009 hasta octubre 18 de 2010; procurador provincial de Valledupar, entre el 19 de octubre de 2010 y el 12 de febrero de 2012 y procurador provincial de Chiquinquirá, Cundinamarca, entre el 13 de febrero de 2012 y el 29 de junio de 2014, totalizando cinco años y seis días en el Ministerio Público como procurador provincial.
Con fecha 7 de julio de 2014, Javier Hernando Rojas Martínez firmó con el alcalde Fredys Socarrás Reales el contrato número 520, cuyo objeto era “la prestación de servicios profesionales especializados para asesorar las dos instancias internas en las diferentes etapas del proceso disciplinario en el municipio de Valledupar” por valor de 30 millones de pesos, para ejecutarlo en cinco meses, lo que equivale a seis millones de pesos mensuales; y una adición al mismo contrato por valor de tres millones 600 mil pesos, para ejecutarla en 18 días
La Procuraduría Regional del Cesar “estima que el investigado Javier Hernando Rojas Martínez, posiblemente como servidor público no garantizó la efectividad de los principios de la función administrativa, especialmente el de moralidad al incurrir presuntamente en la prohibición legal que le impedía prestar asesoría o representar a quien había sido sujeto de control de la entidad a la que había estado vinculado, dentro de los dos años siguientes a su retiro”.
Todo ello significa que Rojas Martínez, no podía ser contratado por servidor público alguno para que lo asesorara y defendiera ante la Procuraduría, durante los dos años siguientes a su retiro del Ministerio Público.
Es por ello que la procuradora regional del Cesar, Maríantonia Orozco Durán, citó a audiencia pública al exprocurador Javier Hernando Rojas Martínez, para que el día 4 de noviembre, en Valledupar, entregue su versión sobre los hechos de la queja interpuesta por el ciudadano Luis Leonel Durán y explique por qué decidió contratar con la alcaldía de Valledupar cuando apenas tenía ocho días de haber salido de la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá, Cundinamarca
Rojas Martínez, firmó el 15 de enero de 2015 un segundo contrato con la alcaldía de Valledupar, identificado con el número 01, por valor de 66 millones de pesos para la prestación de servicios profesionales especializados para asesorar las dos instancias internas en las diferentes etapas del proceso disciplinario en el municipio de Valledupar, durante once meses, lo que equivale a seis millones de pesos mensuales.
Frente a esa situación, en la que presuntamente el alcalde Fredys Socarrás Reales, utilizó 99 millones 600 mil pesos del erario municipal, “para cancelar el valor de los honorarios profesionales de un profesional del derecho, con el fin de que defendiera sus intereses particulares en los proceso disciplinarios” la procuradora regional Maríantonia Orozco Durán, compulsó copias a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, en Bogotá, con el fin de que investigue si efectivamente el recursos pagado por Socarrás Reales era para defenderse ante las investigaciones de la Procuraduría.
Todo servidor público, como el caso de Socarras Reales, debe defenderse ante la Procuraduría, cuando tenga procesos disciplinarios en su contra, con recursos de su propio bolsillo y no con plata del estado.
Rojas Martínez es el apoderado de Socarrás Reales en cuatro procesos disciplinarios que tiene en la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en el ejercicio de su función como alcalde de los vallenatos.