Por: Wendy Peralta
Un plazo de ocho días otorgó el Tribunal Administrativo del Cesar al Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, así como a la Dirección de la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar para soportar sus avances en cuanto a las órdenes dadas por la Corte Constitucional para mejorar las condiciones del penal y garantizar el cumplimiento de sus derechos fundamentales.
El término surgió este martes, luego de una inspección judicial realizada al establecimiento carcelario y que contó con la participación de un delegado de política criminal de la Defensoría del Pueblo, así como de representantes de la Procuraduría y el Ministerio de Justicia.
Aunque la sentencia de la Corte fue emitida en 2014 y los plazos empezaron a contar desde el mes de febrero de 2015, aún no se han conocido las intervenciones en el penal de máxima seguridad de Valledupar y por el contrario son frecuentes las quejas de los internos en cuanto a la supuesta vulneración de sus derechos.
Una de las quejas de los reclusos y en la cual la Corte Constitucional hizo énfasis fue en la falta de agua en las celdas ubicadas en los pisos más altos por los que deben almacenar aguas en baldes y trasladarlos hasta sus aposentos para poder satisfacer sus necesidad.
A la falta de agua se suman problemas respiratorios y de gripa por el polvo que produce la cantera construida hace varios años a pocos metros de la cárcel. Los internos también han denunciado tratos inhumanos y a raíz de esto, la Corte Constitucional debió intervenir.
De no haber sido cumplidas las órdenes de la Corte, la Cárcel de Alta y Mediana y Seguridad de Valledupar podría ser cerrada.