La ministra de educación, Gina Parodi, dejó en manos del contralor general de la nación, Edgardo Maya Villazón, las presuntas irregularidades registradas en la selección de los operadores del Programa de Alimentación Escolar, PAE, para el municipio de Valledupar y el departamento del Cesar, que coincidencialmente recayó sobre la Fundación Acción Social Integral.
En una comunicación enviada a Maya Villazón, Parodi le pide que investigue el proceso de adjudicación de los dos contratos, los cuales se realizaron a través de convenios y agrega que “surgen múltiples interrogantes al identificar que la misma entidad a la que el Ministerio de Educación Nacional decidió no prorrogarle su contrato en el departamento de Bolívar por presuntos incumplimientos, resulte adjudicataria de manera simultánea en dos entidades territoriales”.
Las preocupaciones de la ministra de educación se fundamentan en que en Bolívar le habrían suspendido el contrato a la misma Fundación, que antes operaba con el nombre de Kábala, por lo que solicitó una estricta vigilancia a todo el proceso de contratación y adjudicación.
El representante de la Fundación Acción Social Integral, Jorge Luis Fuentes Sallago, dijo a RPT Noticias telefónicamente que fue la Fundación Kábala la que en julio de 2015 decidió no continuar con el contrato de alimentación escolar en el departamento de Bolívar, por no existir las condiciones logísticas que debían ofrecer los colegios y por ello solicitaron al Ministerio de Educación la no adjudicación de una adición al contrato inicialmente firmado.
El alcalde Augusto Ramírez Uhía y el gobernador Francisco Ovalle Angarita entregaron a la Fundación Acción Socia Integral la operación de los programas de alimentación escolar en el municipio de Valledupar y en el departamento del Cesar, respectivamente, a través de la firma de convenios, sin que mediara licitación alguna a pesar de las cifras de ambos contratos. Aunque es válida la asignación de contratos a través de convenios de asociación, tal como ocurrió esta vez.