A pesar de que en octubre de 2015 el gobierno de Brasil capturó y autorizó la extradición de Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos, solo hasta febrero se ejecutorió. Esto, gracias a la circular roja que emitió la Interpol. Sin embargo, cinco meses después del anuncio la decisión está en veremos.
La semana pasada la Fiscalía General de la Nación, a través de la Cancillería, recibió una notificación del gobierno de Brasil -país en el que se encuentra capturado Marquitos- en la cual le decía que el indicado podía ser extraditado, pero debían cumplir una serie de requerimientos que chocan con las leyes colombianas. Estos requerimientos se basan en un tratado de extradición entre Colombia y Brasil que está vigente desde 1940.
El primer requerimiento, el acusado no podrá ser juzgado por ninguna otra infracción cometida anteriormente a la solicitud de extradición, lo que tiene preocupados a los investigadores ya que hay muchísimas investigaciones en contra de “Marquitos” en la seccional de La Guajira. Son más de 100 homicidios que quedarán en nada por cuenta de estos requerimientos.
El segundo, y el más preocupante, es que Brasil pide que no sea condenado a más de 30 años de prisión, pues esa es la máxima condena por ese delito en ese país. Y el problema real es que el presunto narcotraficante sería juzgado por tres homicidios agravados delito que, en Colombia dan como pena mínima 33 años de prisión y máxima 50 años.
¿Qué sigue?
Ahora la Fiscalía tiene 60 días a partir de la notificación para certificar que no lo van a juzgar por hechos distintos a los que lo pidieron extradición, es decir, que no será procesado por el centenar de denuncias que tiene por homicidio. También que no lo van a dar en extradición a ningún otro país que lo requiera. Y finalmente, que no le van a imponer una pena mayor a 30 años.
Sin embargo, la Fiscalía no podrá certificar eso porque el que impone el monto de la condena es un juez. Y el ente acusador no podrá pedir en audiencia una pena menor a 33 años, según la ley.
La carta está siendo traducida por la Cancillería y será enviada en los próximos días a Asuntos internacionales de la Fiscalía. La respuesta a esa misiva la tendrá que definir esa dependencia. Por ahora, según fuentes de la Fiscalía, la opción es decirle al gobierno de Brasil que es imposible que sea juzgado por menos. Pero, ¿se puede decir eso cuando es un tratado que está vigente desde 1940? O más bien, ¿El tratado está por encima de la ley de Colombia?
Esas son las preguntas que deben analizar en los próximos 60 días. Por ahora, la extradición de Marquitos está suspendida.
Investigaciones contra el presunto narcotraficante
Según las autoridades, el presunto jefe de sicarios del exgobernador de La Guajira “Kiko” Gómez, está vinculado con las muertes de la pareja: Henry Ustariz Guerra (asesinado en 2008) y Yandra Brito, exalcaldesa de Barrancas, La Guajira (asesinada en el 2012), año en el que fue asesinado también Efraín Ovalle.
Tomado de wradio.com.co