Por Ubaldo Anaya Flórez
El defensor del pueblo del Cesar, Omar Contreras Socarrás, envió una solicitud a la directora de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación a los Víctimas, Paula Gaviria Betancur y al director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez Gómez, para que “se incluya en el Registro Único de Víctimas a la Universidad Popular del Cesar, UPC, como sujeto de reparación colectiva y su priorización para que sea sujeto de procesos de memoria histórica”.
En una comunicación de nueve páginas, Contreras Socarrás explica a los dos funcionarios nacionales que tal como ocurrió con las universidades de Córdoba y Atlántico, entre 1996 y 2004, la UPC “fue objeto de una sistemática, intensiva y frecuentemente violenta campaña orquestada desde el paramilitarismo” y sus diferentes representantes regionales, para tomarse al Alma Máter en sus distintos estamentos.
Asegura el defensor del pueblo del Cesar que varios exparamilitares, hablando en versión libre en Justicia y Paz, “han aportado información acerca de la estrategia que el paramilitarismo puso en vigor para permear y luego incrustarse de manera imperceptible en resquicios estratégicos de la estructura institucional de la UPC”.
La Defensoría del Pueblo indica en su comunicación que “el asalto paramilitar a la UPC comenzó a hacerse patente a mediados de 1996 cuando los estudiantes, docentes y trabajadores más activos” se convocaron para oponerse la privatización de la universidad y “fueron objeto de toda suerte de hostigamientos, persecuciones y amenazas que configuraron una atmósfera de zozobra y temor generalizado”.
Lo que pretende la Defensoría del Pueblo del Cesar con esta solicitud es agilizar el trámite para que la UPC sea incluida cuanto antes en el Registro Único de Víctimas y en el proceso de Memoria Histórica.