En una auditoría hecha a los estados contables y la actividad económica durante 2015 de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), la Contraloría General realizó hallazgos administrativos en cinco contratos que suman $32.602 millones, para obras de infraestructura y servicio de alimentación en 15 cárceles de la costa Caribe.
El informe fue suscrito por la delegada al sector Defensa, Justicia y Seguridad, en julio de este año.
Una de las presuntas irregularidades se detectó en el contrato de obra 135, por valor de $2.252 millones, para “el mantenimiento, mejoramiento y la conservación de la infraestructura física general” del establecimiento penitenciario de Valledupar.
La Contraloría advierte que las obras se iniciaron “sin tener diseños ni aprobación de las mismas”, y luego “el contratista y el interventor motivaron prórrogas en la demora para la entrega de diseños definitivos de las garitas”, pese a que los mismos “fueron entregaros el 4 de noviembre de 2015”.
Alianza QTC
Otro hallazgo se dio en el contrato adjudicado por la Uspec a la unión temporal Alianza QTC, por $5.984 millones, para el suministro de alimentos a los internos de la Penitenciaría de El Bosque (Barranquilla), y los reclusorios de Malambo (Militar) y Sabanalarga (funcionarios públicos), en el Atlántico; de Magangué, en Bolívar, y de San Andrés.
La posible anomalía consiste en que QTC indicó en la carta de presentación de su propuesta que “no hemos sido objeto de multas y sanciones contractual o administrativas por parte de ninguna autoridad”.
Lo hizo a pesar de que la Gobernación de Bolívar declaró el incumplimiento de un contrato de 2012 por parte de la Corporación Sol Naciente, hoy Corporación Alianza Caribe, una de las firmas que conforman QTC.
Este hallazgo podría tener consecuencias disciplinarias y penales, y será puesto en conocimiento de la Superintendencia de Sociedades.
Estrada Navarro SAS
El tercer hallazgo lo hizo el organismo de control al revisar tres contratos que suman $24.360 millones, suscritos entre la Uspec y la firma Estrada Navarro SAS para la alimentación en dos cárceles de Valledupar (una militar), la cárcel de El Banco, Magdalena; Riohacha, en La Guajira; Tierralta y Montería, en Córdoba; una en Sincelejo y dos en Corozal (una militar), en Sucre; y La Modelo, en Barranquilla.
La presunta irregularidad radicó en que, para acreditar la experiencia mínima solicitada por la Uspec, Estrada Navarro SAS presentó copia de un contrato de 2013 con el Hospital Militar.
“No obstante, el anexo aportado por la firma difiere del que se encuentra en el Secop (Sistema electrónico de contratación pública), toda vez que este último tiene registrado el menú Nro. 15, mientras que el allegado con la propuesta salta del menú 14 al 16”, se expone.
POR: GERMÁN CORCHO TRÓCHEZ Fuente elheraldo.co