El Cesar figura entre los departamentos del país con un millonario detrimento patrimonial por el archivo y anulación de comparendos de tránsito, según revela una auditoría especial de la Contraloría General de la República al Sistema Integrado de Multas e Infracciones, administrado por la Federación Colombiana de Municipios, entre enero de 2011 y septiembre de 2016.
De acuerdo con el organismo en este territorio se perdieron más de $2.637 millones por archivo y anulación de los comparendos, lo que evidencia una deficiente acción de las administraciones frente a la cultura del no pago de multas, afectando además la seguridad vial.
En ese periodo en el departamento del Cesar fueron anulados 4.601 comparendos por valor de $2.082 millones, mientras que otros 1.253 quedaron archivados por prescripción por un monto superior a los $554 millones.
Al revelar este panorama, la Contraloría informó que las contravenciones al Código Nacional de Tránsito por parte de los infractores multados, sin una efectiva actuación por parte de los entes territoriales, contribuyen a mantener la cultura del no pago, perdiendo el efecto disuasorio y aleccionador de la sanción.
Además, lo encontrado está afectando significativamente la seguridad vial y contraviniendo presuntamente lo establecido en el artículo 161 de la Ley 769 de 2002 (La acción o contravención de las normas de tránsito caduca a los seis (6) meses, contados a partir de la ocurrencia de los hechos que dieron origen a ella y se interrumpe con la celebración efectiva de la audiencia. El no cumplimiento por parte del funcionario con este término será causal de mala conducta.
Esto se da además a pesar de las alertas informáticas suministradas oportunamente por el sistema a los Organismos de Tránsito.
Considerando el presunto incumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021, con respecto al recaudo por infracciones de tránsito en su cobro persuasivo y coactivo, el órgano de control dará traslado de este hallazgo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Puertos y Transporte, y también a las Contralorías Territoriales (para lo de su competencia).
La evaluación del componente financiero arrojó hallazgos administrativos y disciplinarios, por deficiencias y falta de control en la planeación presupuestal, tanto en ingresos como en gastos e inversiones con cálculos sobreestimados.
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