Con un comunicado dirigido a los medios de comunicación la familia de una menor de la etnia arhuaca que fue presuntamente abusada por su padre biológico cuando tenía 9 años, está denunciando la dilatación del proceso por la jurisdicción especial indígena con el entonces cabildo gobernador Rogelio Mejía, pues aseguran que no hubo investigación, juzgamiento o condena por lo que acudieron a la justicia ordinaria.
Wilmer Mestre Pérez, indígena de la etnia Arhuaca y sindicado del abuso sexual fue capturado el 13 de julio de 2016 y trasladado a la permanente de policía Valledupar, asegura la familia de la menor, que con sorpresa conocieron la noticia que el pasado 24 de febrero, Mestre Pérez se encontraba en la Sierra Nevada de Santa Marta y que había sido puesto en libertad.
Manifiestan los familiares que decidieron acudir a los medios de comunicación, organismos de vigilancia y control para que el hecho no quede impune y los derechos vulnerados de la menor de edad no vuelvan a ser desestimados y ocultados en la jurisdicción especial indígena como ya ocurrió en su momento.
Pretenden con la petición, dijeron los familiares, que se inicie un proceso de fondo para la visibilización, monitoreo y castigo a los innumerables casos de violación sexual a menores de edad que abundan en las comunidades indígenas, los cuales en su mayoría quedan impune porque no se les da importancia o porque son silenciados bajo el pretexto de la autonomía de la jurisdicción especial.