Por Ubaldo Anaya Flórez
Procuraduría Regional ‘se mete’ al canal de Panamá. La Procuraduría Regional del Cesar abrió indagación preliminar en contra del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, SIVA, por las presuntas irregularidades cometidas en el contrato de obra de construcción del canal pluvial de Panamá.
Tras las múltiples quejas de los ciudadanos y habitantes de Panamá, San Fernando, Amaneceres del Valle y Los Milagros, a través de redes sociales y medios de comunicación, la procuradora regional del Cesar, encargada, Margarita Mercedes Cuenca Urbina, decidió abrir indagación preliminar en contra de funcionarios por establecer en el SIVA por presuntas irregularidades con el contrato de rehabilitación del canal pluvial de Panamá tipificadas como mala planeación por no contar, al parecer, con los estudios y diseños requeridos para la ejecución de dicho contrato.
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El 6 de agosto de 2014, Katrizza Morelli Aroca, gerente del Siva S.A.S. y Menzel Rafael Amín Avendaño, representante legal del Consorcio Sistema Estratégico de Transporte, firmaron el contrato cuyo objeto es “la construcción y rehabilitación de la malla vial y espacio público, renovación y optimización de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario y construcción del colector de aguas lluvias de la avenida Simón Bolívar, entre las glorietas del Terminal y La Ceiba”.
El contrato también incluye “la optimización del canal de aguas lluvias de la calle 44, desde la glorieta del Terminal hasta el río Guatapurí y sus obras complementarias para la puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo de la ciudad de Valledupar”.
La indagación preliminar busca determinar si existen méritos para abrir una investigación disciplinaria a raíz de las múltiples quejas por la mala calidad de la obra del canal pluvial de Panamá, que ha sido derribada varias veces por las aguas lluvias y que actualmente se encuentran paralizadas.
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Las quejas de los vecinos del canal están dadas porque ven el estado en que se encuentra el canal pluvial y el abandono de la obra.
El documento firmado en agosto de 2014 tenía un plazo de ejecución de 16 meses, es decir, debía entregarse en diciembre de 2015 y hasta la fecha los trabajos no han sido terminados.
Por ello, la Procuraduría Regional ‘se mete’ al canal de Panamá.