Por Ubaldo Anaya Flórez
Alcaldía de Fredys Socarrás en ‘lista negra’ de la Procuraduría. La Procuraduría General de la Nación incluyó a la administración de Fredys Socarrás Reales en el listado de municipios y departamentos que son investigados por el Ministerio Público “por el posible incumplimiento de su obligación en materia de protección, asistencia, atención, y reparación de la población desplazada por la violencia”.
La indagación preliminar es contra 20 gobernaciones y 35 alcaldías correspondientes a los periodos de 2012 a 2015.
En el departamento del Cesar, las alcaldías que están en la ‘lista negra’ de la Procuraduría por, aparentemente, desatender a los desplazados son: Valledupar, Chimichagua y El Copey.
La Procuraduría General de la Nación informó que “La Delegada para la Defensa de los DDHH inició el proceso disciplinario porque, al parecer, las entidades departamentales y municipales han incumplido de manera evidente e injustificada con sus obligaciones de atención integral a la población desalojada de su territorio”.
Asegura el procurador general Fernando Carrillo Flórez que “a pesar de contar con los recursos suficientes para protegerla, y de presentar una situación grave de desplazamiento forzado, de acuerdo con la medición del Departamento Nacional de Planeación desde el año 2013”, tales administraciones no atendieron a dicha población.
El Delegado para la Defensa de los DDHH, Gabriel Cera Cantillo, advirtió que “con esta indagación se busca identificar a los posibles responsables en cada ente territorial, verificar la ocurrencia de la conducta, para determinar si es constitutiva de falta disciplinaria y si han actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
Los departamentos investigados son: Arauca, Guainía, Córdoba, Chocó, Cauca, Casanare, Caquetá, Caldas, Bolívar, Vichada, Sucre, Risaralda, Quindío, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Meta, Magdalena, Huila y Guaviare.
Mientras que las administraciones municipales son: Fortul, Saravena y Tame en Arauca; Soledad, Barranquilla y Malambo en Atlántico; Magangué y El Carmen de Bolívar en Bolívar; Patía, Cajibío y Buenos Aires en Cauca y Chimichagua, Valledupar y El Copey, en Cesar.
De igual manera, Tierralta en Córdoba; Pitalito en Huila; Maicao, Fonseca, San Juan del Cesar en la Guajira; El Banco, Santa Marta, y Plato en Magdalena; Ipiales y San Andrés de Tumaco en Nariño y Cúcuta, El Carmen y Teorama en Norte de Santander.
También investigan a la alcaldías de Puerto Asís, Putumayo; Pereira Risaralda; Piedecuesta y Girón, Santander; Sincelejo y San Onofre, Sucre e Ibagué y Chaparral en Tolima.
Estas acciones iniciadas por el Delegado para la Defensa de los DDHH, designado como funcionario especial por el Procurador General, hacen parte de la respuesta del Ministerio Público a la orden de la Corte Constitucional de monitorear el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, con respecto a la reivindicación de los derechos de la población desplazada.