Jorge Laporte Restrepo @Laporterestrepo
Los puestos de procuradores regional del Cesar y provincial de Valledupar se mantienen vacantes, luego de que Fernando Carrillo Flórez entrara a fungir como Procurador General de la Nación.
Son cargos de libre remoción y nombramiento, pero con naturaleza política y ahí es donde entra la primera gran talanquera de la justicia disciplinaria.
Sin embargo, Carrillo Flórez dio la sensación de ser un hombre distinto, todo un aplicador de justicia como la Constitución del 91 que él ayudó a establecer.
Lo dejó claro cuando vino a Valledupar a realizar una audiencia pública en la que se expusieron más de 40 casos de aparente corrupción.
Ante el auditorio y después ante los medios de comunicación dijo que las hoy vacantes agencias del Ministerio Público no se las iba a entregar a los políticos.
Pero, el procurador tiene presiones para que actúe ‘políticamente bien’, es decir: Debe compensar a quienes lo llevaron al cargo, léase claramente a los senadores de la República que lo eligieron.
Dicho aún más claro, en el Cesar a José Alfredo Gnecco Zuleta.
En su instinto natural, el congresista ya presentó las hojas de vida al Procurador General para la Regional, entre ellas la de Erika Mendoza, exsecretaría de Salud Departamental en el anterior gobierno y la más opcionada; la de Diana Orozco, subcontralora Departamental; y Lina Prado.
Mientras que para la Provincial habría una alianza con el sector del chance para presentar, indirectamente, a alguien de la entera confianza de Benjamín Calderón.
Aquí es donde entra la dicotomía de Fernando Carrillo Flórez: Si le cumple la palabra al auditorio, de no entregar a políticos las procuradurías, entonces avanzarán los procesos ya iniciados contra funcionarios del pasado gobierno departamental, entre ellos a Omar Maestre Vélez, por obras como la construcción del Estadio ‘Armando Maestre Pavajeau’, el Coliseo Cubierto y la Avenida ‘Ciro Pupo Martínez’; o si por el contrario entrega los proceso disciplinarios a la cuota de Gnecco Zuleta, primohermano del exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, y dejar todo hasta donde está.
En el caso de la Provincial es quizás la más importante del momento, pues esa agencia tiene en sus manos la potestad de abrir procesos disciplinarios a los alcaldes, todo un rédito político en el marco de la elección a Congreso.
Todos tiemblan cuando se les amenaza de ‘muerte política’.
El Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, tiene en el aire la moneda y todos estamos a la espera de saber de qué lado caerá: ¿De la fauna política? O ¿De la aplicación de justicia en derecho?