Didier Lobo y sus paquetes nutricionales que no alimentaban. El senador electo por Cambio Radical, Didier Lobo Chinchilla, comenzó a tener problemas serios antes de posesionarse como Senador de la República: la Contraloría General de la República encontró graves irregularidades en la planeación y ejecución de un contrato de alimentación ejecutado en 2012 durante su alcaldía en la Jagua de Ibirico Cesar.
La Contraloría imputó responsabilidad fiscal a Lobo Chinchilla “por un detrimento patrimonial de 2.914 millones de pesos”, tras detectar los elevados sobrecostos que pagó su administración en un contrato de alimentos de diciembre de 2012 suscrito con la firma Unión Temporal Servicios Nutricionales y financiado con recursos de regalías”.
La decisión fue proferida por la Contralora Delegada Intersectorial No 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, mediante auto de imputación No. 787 del 6 de junio de 2018, en cuantía que en total asciende a $4.377 millones.
El ente de control encontró que hubo sobrecostos en los productos adquiridos y se dieron “como consecuencia de que el Municipio de la Jagua de Ibirico realizó un estudio de mercado deficiente” al cotizar los valores en grandes supermercados y no en graneros o microempresas.
También determinó que muchos de los productos adquiridos no cumplían con los estándares mínimos de calidad.
Dice la Contraloría en su informe que “estas irregularidades no fueron advertidas por el contratista, ni por el interventor ni por el supervisor y llevaron a que se entregaran productos que no cumplían con la calidad exigida, lo que también generó un daño al patrimonio del Estado”.
En la misma decisión también se imputaron responsabilidad fiscal a la secretaria de salud municipal, Cenith Echávez Ospino y a los representantes de la empresa contratista conformada por: Corporación Gestión del Recurso Social y Humano, GERS, Industrias Alimentos y Cathering, Catalinsa S.A.S. y Fundación para el Fomento de la Industria de Risaralda, Fundalimentos.
La Contraloría afirma que “todas las situaciones descritas son muy graves, si se tiene en cuenta que lo que se pretendía era mejorar las condiciones nutricionales de la población vulnerable de la zona”, lo que significa que los paquetes nutricionales contratados no cumplieron con su propósito, de mejorar la situación de desnutrición que se registraba en el municipio.
Las irregularidades que dieron lugar al proceso de responsabilidad fiscal en el cual se produjo esta imputación fueron determinadas inicialmente en una auditoría realizada por la CGR, donde se revisó la ejecución de un contrato del 3 de diciembre de 2012, que suscribió el municipio de La Jagua de Ibirico con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios por valor de $15.295 millones.