Y ahora, ¿qué camino les queda a los inhabilitados concejales?

Por Ubaldo Anaya Flórez

Tras conocerse de manera oficial el fallo sancionatorio de la Procuraduría, que ratificó la destitución e inhabilidad por 12 años a 16 concejales de Valledupar, tres son los caminos que tienes los cabildantes para hacer frente a la decisión de segunda instancia que agotó la vía gubernativa. Ello significa que, ante la Procuraduría, no existe otro recurso posible para interponer a este fallo.

La inhabilidad de los concejales surge por elegir a Omar Contreras Contralor de Valledupar estando inhabilitado. El Consejo de Estado encontró que Contreras Socarrás estaba inhabilitado debido a que un años antes de la elección había sido Defensor Regional del Pueblo en el Cesar.

Antes de Omar Contreras, el Consejo de Estado había anulado la elección de Álvaro Luis Castilla Fragozo al encontrar que los concejales de Valledupar no eligieron al primero de la lista de elegibles entregada por la Universidad Autónoma del Caribe. Esa universidad realizó el análisis de las hojas de vida de los aspirantes y seleccionó a los tres que obtuvieron los mejores puntajes.

El primero fue Omar Contreras Socarrás. El segundo lugar, Jorge Ramírez. Y, tercer lugar, Álvaro Luis Castilla Fragozo.

Tras caerse la elección de Castilla Fragozo, el Consejo de Estado ordenó elegir al primero en la lista de elegibles, que era Omar Contreras. Y así lo hicieron 16 concejales. Dos cabildantes, Guido Castilla y Wilber Hinojosa, votaron en blanco. Mientras que Dorismel Celedón no asistió a la sesión por estar incapacitado.

Frente a ese panorama. Y tras una investigación disciplinaria y un proceso verbal adelantados por la Procuraduría Regional del Cesar, que encontró que los concejales incurrieron en falta disciplinaria, les fue impuesta una sanción de destitución del cargo e inhabilidad general por 12 años, en primera instancia.

Vino la revisión en la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, a cargo de Catalina de San Martín Balcázar Salamanca, que encontró que todo lo actuado por Margarita Cuenca Urbina, en la Procuraduría Regional del Cesar permitió confirmar que los cabildantes cometieron falta disciplinaria. Por ello, ratificó en segunda instancia, el fallo sancionatorio.

Por no tener otro recurso, lo que significa que se agotó la vía gubernativa y los concejales encartados no pueden interponer ninguna acción ante la misma Procuraduría, les quedan tres caminos para tratar de salvarse de la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante doce años.

El primer camino es impetrar una tutela ante un Juez de la República, argumentando la vulneración de sus derechos de elegir y ser elegidos y solicitando medidas cautelares que dejen en suspenso el fallo de segunda instancia mientras se decide de fondo.

De admitirse la tutela y el juez considera que es válida la solicitud de las medidas cautelares, los concejales recobrarán sus curules en las siguientes 48 horas, tras las respectivas notificaciones.

Eso fue lo que hicieron la alcaldesa de Chiriguaná, Zunilda Toloza Pérez y tres concejales de esa población, ante un juez de Chiriguaná, que les aceptó las medidas cautelares y regresaron a la alcaldía y al concejo. Toloza Pérez estuvo cerca de dos meses en la alcaldía, tras la decisión del Tribunal Superior del Cesar de revocar la decisión del juez de Chiriguaná. Los tres concejales aún siguen en sus cargos, mientras se revisa la tutela en el Tribunal.

El segundo camino es una acción administrativa denominada demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que debe ser presentada ante lo contencioso administrativo. Allí también se pueden solicitar las medidas cautelares contra el fallo. De ser admitida la demanda y aceptada la solicitud de las medidas cautelares, los concejales volverían a la Corporación, mientras se toma una decisión de fondo.

En esos dos casos, la última instancia es el Consejo de Estado, cuyos magistrados revisarán las actuaciones y decisiones de los jueces y magistrados en el Cesar.

Una tercera vía que tienen los 16 concejales de Valledupar inhabilitados por la Procuraduría es recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como lo hizo en su momento el alcalde de Bogotá. Gustavo Petro al ser destituido e inhabilitado por el procurador general de la época Alejandro Ordoñez Maldonado.

RPT Noticias consultó a dos abogados especializados en derecho administrativo y coincidieron en afirmar que esos son los tres caminos que les quedan a los cabildantes.

¿Qué caminos tomarán los concejales? Sólo ellos lo saben y en esas andan en estos momentos con sus respectivos abogados analizando la situación jurídica para buscar la mejor opción y presentar, por la vía administrativa, los recursos que sean necesarios para tratar de quedarse un tiempo más en el Concejo de Valledupar.

Loading...

Leave a Comment

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.