A los concejales de Valledupar, que fueron inhabilitados por la Procuraduría General de la Nación, por elegir contralor municipal a Omar Contreras estando inhabilitado, los quieren sacar a como dé lugar de la Corporación.
Ya han sido varios los derechos de petición que han presentado quienes aspiran a reemplazarlos para que la Procuraduría agilice el proceso y el fallo quede ejecutoriado.
También han impetrado tutela en contra de la decisión, pero ninguna ha tenido éxito hasta el momento.
Lo más reciente es una queja en la Contraloría Municipal de Valledupar, en contra de los 16 concejales por detrimento patrimonial.
El quejoso argumenta que los 16 cabildantes, al seguir cobrando los honorarios por asistir a las sesiones, están cometiendo una irregularidad que debe investigar la Contraloría Municipal.
Según la queja, los concejales no pueden seguir recibido los honorarios porque el 17 de mayo pasado, la Procuraduría General de la Nación emitió el fallo de segunda instancia en el que confirmó la sanción de suspensión del cargo e inhabilidad general por 12 años.
El quejoso está convencido que el fallo ya está ejecutoriado.
Otra cosa es lo que piensa la Procuraduría, toda vez que hasta tanto no se contesten las recusaciones en contra de la delegada que emitió la sanción no quedará debidamente ejecutoriado dicho fallo.
Por lo menos, dos recusaciones han sido presentadas en contra de la Procuradora Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa. Y hasta tanto, ella no se pronuncie, o a quien le corresponda en la Procuraduría, los concejales podrán seguir sesionando tranquilamente y devengando sus honorarios.
Los concejales seguirán activando los mecanismos judiciales para evitar que el fallo quede ejecutoriado, en busca de una tabla de salvación que les quite, en la misma Procuraduría, o a través de un juez de la república, dicha inhabilidad. Uno de esos mecanismos que han encontrado para dilatar el que el fallo quede en firma y debidamente ejecutoriado es recusando a la procuradora delegada que lo emitió.
Lo que queda claro por el momento, y RPT Noticias está en condiciones de afirmarlo, es que los concejales seguirán sesionando normalmente y que, hasta tanto no se contesten cada una de las recusaciones, no quedará en firme el fallo sancionatorio.