La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al exasesor jurídico de la Gobernación del Cesar, Manuel Jerónimo Manjarrez Correa y suspendió al exsecretario de gobierno departamental, Rubén Darío Carrillo García, por las presuntas irregularidades “relacionadas con la celebración, mediante contratación directa, de un convenio de cooperación” para “apoyar estrategias de comunicación directa de la administración departamental a través de la rendición de cuentas en Aguachica Cesar”, el cual tuvo un costo superior a los 108 millones de pesos.
Según el fallo de primera instancia, el proceso omitió “el trámite de pública convocatoria de oferentes y selección objetiva de oferentes, que debía adelantarse teniendo en cuenta las características de esta contratación”.
Manjarrez Correa se desempeñó como jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Gobernación de Cristian Moreno Panezo; mientras que Carrillo García, fue el secretario de gobierno departamental de dicha administración.
A Rubén Darío Carrillo, la Procuraduría le “ordenó la suspensión por seis meses, sin habilidad especial para ejercer función pública”, porque el Ministerio Público “reconoció que, dada la formación profesional del señor Carrillo García como arquitecto, este se acogió al concepto jurídico que al respecto emitió previamente el entonces jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos de la Gobernación del Cesar, quien estructuró y justificó la modalidad de contratación que finalmente se escogió”.
Según el fallo de la Procuraduría General de la Nación, “quedó plenamente establecido que la celebración de este convenio fue avalada por parte del señor Manjarrez Correa, quien en ejercicio de sus funciones emitió un concepto jurídico favorable al respecto, permitiendo que la administración departamental desconociera el régimen legal aplicable en este caso”.
Por ser un fallo de primera instancia, le cabe el recurso de apelación.