Un día después de haber estallado el escándalo de las nuevas ‘chuzadas’ por parte de militares, hackers y ex-DAS, se conocieron fotos de uniformados en la fachada de la central de espionaje, se supo de ex altos mandos que sabotean el proceso de paz, el presidente Juan Manuel Santos dio un plazo para tener respuestas de todo el embrollo y la Fiscalía llamó a los exjefes de Inteligencia mientras intenta descifrar cómo acceder a la información de los computadores incautados. El ente acusador trabaja en varios frentes.
Por un lado, anunció que entrevistará al exdirector de Inteligencia del Ejército, general Mauricio Zúñiga y al exjefe de la Central de Inteligencia, Citec, general Jorge Zuluaga, relevados de sus cargos la víspera.
Así mismo, se supo que la persona que aparece como representante legal del local, Juan Carlos Mejía Durán, sería un sargento santandereano, de 33 años, de quien se espera que se presente pronto a dar explicaciones sobre la empresa Buggly Hacker Space.
Por otro lado, la Fiscalía intenta llegar a la información de las ‘chuzadas’ que estaría dentro de los computadores incautados. No obstante, esta estaría encriptada, por lo que se cree que las labores se llevarían por lo menos una semana más.
Según la emisora La FM, además, en Buggly se hizo una convocatoria el 16 de julio de 2013 al parecer para reclutar hackers entre expertos y aficionados a los computadores. El concurso, al que invitaba el Movimiento Pirata Colombiano, MPCO, consistía en adelantar una serie de operaciones de espionaje sin que, aparentemente, los jóvenes supieran muy bien de qué se trataba el asunto.
De hecho, la fecha en que la Fiscalía empezó a investigar los accesos ilegales a dispositivos de los negociadores del Gobierno en La Habana, coinciden con esta convocatoria.
En la invitación al concurso se leía: “se aclara que el MPCO no tiene vínculos ni está a favor de partidos de derecha o de izquierda o neutrales, sino que es un movimiento creado por ciudadanos que ve la necesidad de que se generen cambios en la manera como se maneja la política en el país”.
Entre tanto, la Comisión de Inteligencia del Senado, integrada por Juan Fernando Cristo, Iván Cepeda, Juan Lozano, Camilo Romero y Carlos Barriga, citaron para el próximo martes al ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, la cúpula militar, el fiscal Eduardo Montealegre y al comisionado de Paz Sergio Jaramillo.
La célula legislativa exigió de los aludidos “claridad total sobre estos episodios para saber qué otras actividades estaban desarrollando en esa sala”.
De otra parte, el diario El Colombiano, citando a un alto oficial de Inteligencia, informó que un grupo de al menos 70 generales y coroneles retirados, conocidos como ‘La generación de los 70’, fue el que gestó la oficina de Andrómeda. Estos exuniformados, supuestamente, presionan al presidente Santos para que se acaben los diálogos de paz o se reestructuren de manera radical.
Los militares en retiro se reunirían periódicamente con herramientas tecnológicas con el supuesto responsable de la oficina, que es un general (r) que está fuera del país. Al parecer, el grupo fue creado en la comandancia del Ejército del general Sergio Mantilla, quien habría salido por un pedido proveniente de Cuba.
Santos da ultimátum a pesquisas. El presidente Juan Manuel Santos afirmó que será implacable contra el uso ilícito de los servicios de inteligencia: “somos un Gobierno que defiende el Estado de derecho”, “somos un Gobierno que respeta la independencia de los organismos de control y de los Poderes públicos, así como las decisiones judiciales y no las cuestionamos, sino que obramos dentro de la ley en todas nuestras actuaciones”.
Advirtió además que los resultados de las investigaciones deben conocerse a más tardar el viernes de la próxima semana.
Por su parte, el comandante del Ejército, general Juan Pablo Rodríguez, dijo a medios que “si alguien se salió de la ley, tendrá que responder penalmente”, e insistió en que esos seguimientos no fueron ordenados por él ni por el Gobierno.
Explicó en ese sentido que “la Constitución y la Ley de Inteligencia permiten a los organismos de inteligencia desarrollar actividades legales de inteligencia a manera cubierta o abierta”, y detalló que en ocasiones “el Ejército desarrolla inteligencia a cubierta para proteger el Estado de derecho de las amenazas, tales como el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y otras”
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