La Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar fueron condenadas a pagar a un particular $56.000 millones por permitir la invasión conocida como Tierra Prometida, de acuerdo con fallo del Tribunal Administrativo del Cesar.
Por daños materiales y lucros cesantes, el Tribunal determinó que se debe indemnizar a José Francisco Guerra Vega, dueño del predio, quien tenía listo un proyecto de vivienda multifamiliar que se vio afectado por la invasión de unas 1.200 familias en ese lugar, ubicado en el sur de la ciudad,
El lote de 30 hectáreas fue invadido en mayo del 2011 en su mayoría por familias desplazadas de la violencia que poco a poco se tomaron el lugar, con la consigna de que habían llegado a la tierra prometida, allí construyeron viviendas de cartón y barro, pero con el pasar del tiempo terminaron creando un barrio de unas 3.000 familias, que fue difícil desalojar por las autoridades a pesar de que más de una vez, con orden judicial se ordenó.
El 8 de mayo de 2012 se dispuso el desalojo de estas personas, pero tampoco se cumplió porque los ocupantes interpusieron una acción de tutela, la cual prosperó, ordenando al municipio a abstenerse de realizar cualquier tipo de desocupación hasta que no se materializaran soluciones de vivienda para estas familias, teniendo que permanecer en el lugar porque no se materializó la entrega de las casas.
En ese mismo año, se perdió un proyecto que consistía construir de 2 mil viviendas cofinanciadas por la Gobernación del Cesar, con la condición que debían desalojar la mitad del terreno para que el proyecto avanzara, situación que no se dio por la desconfianza de los invasores.
En estos cuatro años Tierra Prometida cuenta con casas, tiendas y demás infraestructuras que impidieron desalojarlos, por lo que el Municipio y el Departamento deben pagar los $56.000 millones de pesos, 45.000 millones de pesos corresponden a perjuicios materiales y el resto por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.
“Hemos iniciado un proceso de recurso de apelación porque consideramos que es contrario a los intereses del municipio y del departamento del Cesar, vamos a apelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, y de ahí pasará al Consejo de Estado que tomará una última decisión”, dijo el asesor jurídico de la Alcaldía de Valledupar, Robert Murgas.
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