La cárcel Judicial de Valledupar sigue siendo una verdadera bomba de tiempo social debido al alto grado de hacinamiento del penal, cuya capacidad máxima es de 256 internos y actualmente posee una población de 960 reclusos, lo que genera de manera exponencial toda índole de problemas, desde los de convivencia, pasando por la violación de los derechos fundamentales de los presos, hasta la poca resocialización que se logra de las personas que allí pagan sus condenas.
Desde finales de la década de los noventa, cuando se hizo la negociación para construir la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, se prometió acabar con la Cárcel Judicial por representar un grave peligro para la sociedad y para los habitantes del barrio Jorge Dangond.
Catorce años después, todavía los internos siguen esperando que los gobiernos del Cesar, Valledupar y el nacional cumplan la promesa hecha muchas veces de reubicar la cárcel, mejorar sus condiciones de vida y convertir ese penal en un gran parque recreacional para toda la familia.
Ya en el pasado se han registrado otros casos en los que se ha alterado el orden público en La Judicial; generando complicaciones para los habitantes del barrio Jorge Dangond, tal como ocurrió este martes cuando ocurrió un hecho que terminó en enfrentamientos entre los internos y la guardia, dejando una enfermera, dos funcionarios del Inpec y tres internos heridos, quienes fueron trasladados hasta centros asistenciales de la ciudad