La responsable de la recién creada Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela, Andreína Tarazón, comparó ayer con “criminales de guerra” a aquellos que acaparan alimentos, en momentos en que el país vive un nuevo episodio de escasez de bienes.
“Hay factores que insisten en delinquir, en comportarse como criminales de guerra porque acaparar toneladas de alimentos, dejar que estén en estado de descomposición toneladas de carne, desviar toneladas y toneladas de alimentos hacia Colombia son actitudes que cometen criminales de guerra”, dijo la también ministra.
Frente a esto, Tarazón sostuvo que el Gobierno “no tiene otra opción” que aplicar la nueva Ley de Precios Justos, que pretende controlar los precios y acabar con la escasez, apoyada en la prohibición de márgenes de ganancias superiores al 30% y sanciones de hasta 10 años de cárcel para los acaparadores.
La ley establece en su apartado de lucha contra el acaparamiento que quienes “restrinjan la oferta, circulación o distribución de bienes regulados para provocar escasez o distorsiones en sus precios, serán sancionados por vía judicial con prisión de 8 a 10 años, y prevé multas que van desde 17.000 dólares a los 850.000 dólares.
Maduro advirtió ayer a los empresarios que tienen plazo hasta el próximo lunes para ajustar sus precios y señaló que quien viole la nueva Ley de Precios Justos se expondrá a medidas radicales como la expropiación.
Maduro lanzó en noviembre pasado una cruzada para que los comercios vendan sus productos a precios justos y al iniciar el año dijo que esta ofensiva entrará en una nueva etapa.
La economía venezolana sufre recurrentes episodios de desabastecimiento de productos de consumo, como papel higiénico o leche, que obligan a las personas a recorrer varios supermercados para encontrar lo que necesitan.
Elheraldo.co