La Gerencia Departamental de la Contraloría dio traslado a la Procuraduría Provincial de Valledupar y a la Procuraduría General de la Nación de varios hallazgos en el contrato 074 de 2013 suscrito por la Unidad de Servicios Penitenciaros y carcelarios para la adecuación de las redes hidráulicas y sanitarias para el Establecimiento Penitenciario de Máxima y Mediana Seguridad.
El contrato suscrito con el Consorcio RG 2013 por 1.810 millones, presenta una seria de irregularidades de diseño, planeación, y ejecución ya que al parecer en los estudios previos no se tuvieron en cuenta los protocolos de seguridad que rigen los centros carcelarios.
En el tema de seguridad, señala el informe, que se omitieron flagrantemente las recomendaciones en la ejecución de esta obra por lo que la tubería está expuesta y recubierta con un tipo de soporte metálico quedando al alcance del personal de internos, lo que facilitaría que en una posible desobediencia fuese destruida y utilizada como un arma de fabricación artesanal.
La denuncia por las posibles irregularidades fue recibida el pasado 27 de febrero, posteriormente el 7 de abril se realizó la respectiva visita de campo, el 30 de abril se comunicaron las observaciones a la unidad de servicios. El contrato tuvo una duración de 6 meses, se hicieron dos prórrogas y el contrato finalizo el pasado 25 de julio, las recomendaciones no se atendieron.
En la actualidad La Torre 6 de la penitenciaria se encuentra sin uso, tiene una capacidad para 210 personas. En el centro de reclusión se encuentran 1586 internos cuando la capacidad es de 1400, las celdas están habilitadas para dos personas, sin embargo algunas cuentan con 3 y hasta 4 reclusos y aun así La Torre 6 no está en funcionamiento.