Por Wendy Peralta
El hacinamiento del más del 400 por ciento en la Cárcel Judicial de Valledupar, incluso en la Permanente Central y la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía, es uno de los factores que tienen en cuenta los jueces a la hora de determinar si le otorgan detención domiciliaria o intramural a los investigados o condenados.
El hecho de que representen o no un peligro para la comunidad, también es fundamental. Lo cierto es que en el centro carcelario de Valledupar en la actualidad hay 1.096 reclusos, cuando deberían ser 256, superpoblación ésta que genera una crisis carcelaria y en varias ocasiones ha motivado a los directivos del penitenciario a no aceptar más detenidos y por ello permanecen cerca de 100 detenidos en centros transitorios como la URI y la Permanente.
La situación es más preocupante, cuando tan sólo 30 guardianes del Inpec prestan seguridad en la Cárcel Judicial durante 24 horas continuas. En las noches se turnan para descansar y la cifra se reduce a la mitad, es decir, al menos 15 se disponen a cuidar a los 1.096 presos.
En total, son 100 los guardianes designados para este penal, distribuidos en tres campañas de 30. Los 10 restantes ofrecen otros servicios en oficinas administrativas.
La crisis carcelaria en el Cesar parece ajena al Gobierno Nacional. Mientras tanto, los reclusos que permanecen en la Judicial, la Permanente y la URI conviven como animales, duermen en el suelo y apiñados, soportan malos olores y algunos sufren de enfermedades en la piel por la humedad; un 10% de los que cuentan con el beneficio de detención domiciliaria se dedican a seguir delinquiendo.