Hasta altas horas de la madrugada las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc trabajaron en la redacción del comunicado conjunto que será divulgado este jueves en La Habana (Cuba). En este se dará cuenta de las líneas principales de los tres acuerdos alcanzados en el punto de Fin del Conflicto: garantías de seguridad, cese bilateral y definitivo del fuego y dejación de armas.
Los textos suman más de 30 páginas y contienen el número de zonas en las que se concentrará la guerrilla para iniciar el proceso de dejación de las armas y reinserción a la vida civil. Según pudo establecer El Espectador, se trata de poco más de 20 puntos en ocho regiones del país. Asimismo, el acuerdo establece las reglas de funcionamiento de dichas zonas y los términos en que se procederá a la progresiva dejación de las armas.
En cuanto al acuerdo sobre dejación los textos precisarán la hoja de ruta para que las Farc entreguen hasta la última pistola.
La primera fase será de identificación, recolección y almacenamiento de las armas. Posteriormente, el material explosivo y el armamento artesanal será destruido. Luego, un porcentaje importante de armas será extraído por la ONU y puestas en custodia de un tercer país, mientras otro porcentaje será almacenado en las zonas de concentración, pero no podrá ser utilizado. Finalmente, un porcentaje menor, que oscila entre 10 % y 5 %, quedará para los esquemas de seguridad de la misma guerrilla.
Y sobre esto último precisamente versa el tercer acuerdo: garantías y desmonte de las estructuras sucesoras del paramilitarismo. Una materia que ha sido trabajada desde la subcomisión encabezada por el general (r) Óscar Naranjo, a nombre del Gobierno, y Pablo Catatumbo, como vocero de las Farc.
Ya se sabe que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Diego Mora ha estado viajando recurrentemente a La Habana. De aquí saldrá el anuncio sobre unos esquemas de seguridad con participación de miembros de las Farc, apoyo de la UNP y la creación de un bloque especial de desmonte del paramilitarismo, que tendrá como objetivo desarticular las llamadas bandas criminales y esclarecer, con fiscales especializados, cómo operan las redes de apoyo a estas estructuras, identificando a miembros de la Fuerza Pública involucrados y particulares que han financiado y promovido su creación.