El diputado Julio Casadiegos Navarro, a quien la Procuraduría Regional del Cesar lo destituyó del cargo e inhabilitó por 10 años, tras demostrar que estaba manejando su vehículo el pasado 25 de enero a sabiendas de que tenía la licencia suspendida, asegura que la procuradora regional, Maríantonia Orozco Durán, vulneró sus derechos porque una tutela anuló el acto administrativo de la Secretaría de Tránsito Municipal de Valledupar y ella no lo tuvo en cuenta.
El político de Cambio Radical aseguró que en la segunda instancia demostrará que no estaba restringida su licencia de conducción y que podía conducir su vehículo, reiterando que el acto administrativo que le suspendía la licencia fue revocado con una tutela.
La procuradora regional del Cesar, Maríantonia Orozco Durán, habló sobre su decisión jurídica y dijo que en ningún momento fue presentado en el proceso el acto administrativo que habilita nuevamente la licencia de conducción del servidor público sancionado por el Ministerio Público.
Orozco Durán enfatizó que durante la etapa probatoria del proceso, la defensa no presentó ningún documento relacionado con la habilitación de la licencia de Casadiegos Navarro. Aseguró que ella nunca tuvo en sus manos dicho documento.
La jefa del Ministerio Público en el Cesar indicó que en ningún momento el sujeto disciplinable ni su abogado mencionaron en el proceso la existencia del acto administrativo y por lo tanto nunca existió para el proceso. Sin embrago, aunque haya sido presentado, dijo la funcionaria, el día que Casadiegos Navarro cometió la falta que originó la destitución, estaba vigente la suspensión de la licencia de conducción.
Ahora, Julio Casadiegos podrá presentar la decisión de la Secretaría de Tránsito Municipal ante el procurador delegado para la vigilancia administrativa, quien conocerá el proceso en segunda instancia.