Por Jorge Alzate Virviescas
Últimamente en Colombia lo que se hace o se deja de hacer es en el nombre de la paz. ¡Obvio!, ¿A quién no le gustaría vivir en paz?
La respuesta es fácil, ninguna persona desea vivir en medio de una guerra, la cual solo deja desolación y tristeza. Además, es nuestro derecho vivir en paz, en armonía.
A Maquiavelo se le atribuye una frase muy conocida por todos, pero sobre todo por el Gobierno; a saber: “El fin justifica los medios.” Esto es lo que nos demuestra día a día el Gobierno, nos hace ver que si el fin es muy importante – como lo es-, cualquier medio es válido para alcanzarlo. Sin embargo, cabe resaltar que no debemos dejar todo a un lado para alcanzar un fin que puede que no llegue jamás.
Mi pregunta es: ¿Cuántas veces debemos firmar la paz para conseguirla? Se adoptó el acuerdo de paz con los terroristas de las FARC-EP, desconociendo la voluntad del pueblo materializada el 02 de octubre de 2016; por otra parte, se está surtiendo un nuevo proceso de paz con el ELN. No sabemos qué seguirá después. Lo único que nos ha dejado estos largos y tediosos procesos ha sido la cesión de soberanía del Estado colombiano para con un grupo de personas armadas al margen de la ley que tanto daño nos han hecho.
El fin no justifica los medios. No justifica ceder soberanía, tener la economía más baja de los últimos años – así el Banco de la República se preste para manifestar que la economía se ha incrementado -, seguir siendo víctimas de ataques terroristas por los grupos armados ya mencionados, subir impuestos para que el pueblo pague por un acuerdo que no avaló; empero, el último de los golazos que nos metió el Gobierno fue el proyecto de ley de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aprobado por el Senado el lunes pasado.
La aludida jurisdicción tiene como fin la verdad, justicia, reparación y no repetición, como cualquier otro proceso de justicia transicional. Sin embargo, al momento de ver lo planteado por el Gobierno hay varios temas por tocar: En primer lugar, en cuanto a la competencia material, se encargará ésta jurisdicción de los delitos no amnistiables ni indultables, como los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, en especial de los casos más graves y representativos. Para estos delitos se plantearon sanciones de 2 a 5 años para los que el Gobierno alude como casos menos graves o representativos y, para los casos más graves sanciones de 5 y a 8 años. Por el contrario, la jurisdicción ordinaria contempla para estos delitos, por ejemplo, el de Desaparición Forzada, una pena de 20 a 30 años, con la posibilidad de ser de 30 a 40 años si ésta fuera objeto de agravante. (Artículos 165 y 166 de la Ley 599 de 2000)
Es decir, el favor que se le está haciendo al grupo terrorista es indiscutible. Pasarán de pagar 30 años de cárcel como mínimo, a 8 años, o sea, muchas de estas penas serán más bajas que lo que los secuestrados han durado sufriendo en cautiverio.
Ahora bien, como segundo ítem importante, y para mí el que más dolor me causa es la competencia personal que va a adquirir la JEP. La aludida jurisdicción se va a encargar de juzgar a los guerrilleros, a los miembros de la fuerza pública o agentes del Estado y a los terceros que han participado indirectamente en el conflicto armado. Ustedes se preguntarán ¿Cómo así? Pues, como lo leen, nuestros héroes de la patria serán juzgados por defendernos, por velar por nuestra seguridad, tranquilidad y paz. También lo he analizado y no le encuentro lógica a tan absurda desfachatez. Es imposible concebir un delito cometido por la fuerza pública en el contexto de un conflicto armado, teniendo en cuenta que ni siquiera debería ser llamado como tal – sin embargo, esto ha sido objeto de mucha discusión que no ahondaremos aquí¬¬-, ya que el fin de esta institución es salvaguardar por la seguridad del territorio colombiano, en el ámbito internacional y, por otro lado, por la protección de los residentes en este hermoso territorio de ataques terroristas como los sufridos por más de 50 años por los miembros de las FARC-EP.
Así mismo, también me pregunto quiénes son esos terceros a los que va a juzgar esta jurisdicción. Es un tema importante para arreglar, toda vez que puede ser considerado como tercero que haya influido en el conflicto armado un ciudadano cumplido en el pago de sus impuestos, ya que una parte de estos van dirigidos para el sector defensa; también puede ser un terrateniente con grandes aportes a la guerrilla; o, ¿Por qué no? el mismo Santos al permitir el reagrupamiento y fortalecimiento de las FARC-EP.
Son bastantes los puntos a tener en cuenta de esta famosa JEP, y es importante aclarar que el fin (la paz) no justifica los medios. El país destrozado económica, social, moral y políticamente que está ideando el Gobierno, no puede ser el país que nos dejemos imponer para un futuro. Por lo tanto, debemos seguir luchando para no seguir tragando más y más sapos que lo único que harán es perjudicar a los colombianos. Dios salve a Colombia. GOD IS GOD.