Con varios cuestionamientos por parte de la Fiscalía al Juzgado Segundo Penal Ambulante con funciones de control de garantías de Valledupar terminó éste jueves en el Palacio de Justicia la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento en contra del exalcalde de Codazzi, Efraín Quintero Mendoza; el exsecretario de Educación, Raúl Casimiro Bermúdez Castilla; y la excontratista Linda Xiomara Navarro Hernández.
Los interrogantes llovieron por parte de la Fiscalía 12 seccional de delitos contra la administración pública, que consideraba que por lo menos el despacho judicial debía otorgarles medida de aseguramiento domiciliaria. Según el fiscal Gentil De León Mármol, en la vista pública sustentó punto a punto que los tres procesados podrían obstruir la justicia y representar un peligro para la comunidad.
Sin embargo, el Juzgado Segundo Penal Ambulante con funciones de control de garantías de Valledupar les concedió la libertad aunque seguirán vinculados al proceso por la presunta comisión de los delitos de celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
La Fiscalía llevó a los estrados judiciales al exalcalde de Codazzi, Efraín Quintero Mendoza; al exsecretario de Educación, Raúl Casimiro Bermúdez Castilla; y la excontratista Linda Xiomara Navarro Hernández, a raíz de una denuncia realizada por la Contraloría General de la Nación por supuestos sobrecostos en el Plan de Alimentación Escolar, PAE.
Todo esto se relaciona con el convenio 001 de 2015 suscrito entre la administración de Efraín Quintero Mendoza y la Fundación Provenir por valor de $400 millones. Cuestiona la Fiscalía 12 que lo hicieron bajo la modalidad de contratación directa, a pesar de que el objeto no lo permitía. Además, que no hubo estudios de mercadeo y se fijaron precios por ración, superiores a los que establecía la Gobernación del Cesar en contratos similares. Para este caso habría un peculado por más de 100 millones de pesos.
Otro de las indagaciones del ente acusador tiene relación con un contrato por valor de $1.200 millones, para el que supuestamente no hubo planeación. Aunque sí se hizo por licitación, habrían incurrido en un peculado de $341 millones, porque también fijaron precios por un valor superior.
Durante la audiencia, el ingreso a los medios de comunicación fue restringido, a pesar de que el artículo 18 del Código de Procedimiento Penal permite el acceso por ser una vista pública.
La Fiscalía 12 seccional apeló la decisión del despacho judicial de concederles la libertad. Entre sus argumentos, presentó las certificaciones de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Codazzi donde informa que varios de los contratos que fueron suscritos por el exalcalde Efraín Quintero y el exsecretario de Educación, Raúl Bermúdez, en calidad de supervisor, fueron desaparecidos, toda vez que al cumplirse el período de gobierno supuestamente no hicieron entrega y empalme con la nueva administración.
También aportó una certificación laboral de Raúl Casimiro Bermúdez, quien se desempeña como profesional universitario del ICBF Regional Cesar, en temas que involucran a niños, niñas y adolescentes, población que se beneficia del Plan de Alimentación Escolar, PAE.
El ente acusador aportó, además, reportes de prensa y captures de redes sociales sobre actividades proselitistas del exalcalde Efraín Quintero a cargos de elección popular y también apoyando a otros candidatos. Dice la Fiscalía que eso implicaría nuevos contactos con recursos públicos.
El Juzgado consideró que aunque existía una inferencia razonable de la presunta autoría de estas personas en delitos contra la administración pública, la medida idónea a imponer no era la que solicitaba el ente acusador. Lo mismo anotó el representante de la Procuraduría.