Omar Contreras regresaría a la Contraloría de Valledupar

Omar Contreras regresaría a la Contraloría de Valledupar

Una decisión de la Corte Constitucional, que revisó una tutela, puede cambiar el panorama político de Omar Contreras Socarrás y de 16 concejales de Valledupar que fueron inhabilitados por la Procuraduría General de la Nación.

La Corte Constitucional ha fallado a favor de Contreras Socarrás diciendo que “la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró los derechos del señor Omar Javier Contreras Socarrás al debido proceso y de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos al declarar la nulidad de su elección como Contralor Municipal de Valledupar”.

Agrega el Alto Tribunal que “al momento de su elección (Omar Contreras Socarrás) no se encontraba inhabilitado para ser elegido” en el cargo de contralor municipal de Valledupar.

En su sentencia, la Corte Constitucional afirma que “en efecto, el cargo de Defensor Regional del Pueblo que desempeñó (Omar Contreras) dentro del año anterior a su elección, no es un cargo del orden departamental y, por lo mismo, no se configuró uno de los presupuestos de la inhabilidad por ocupación de cargos públicos prevista en el inciso
octavo del artículo 272 de la Constitución”.

Con este fallo, Omar Contreras podría regresar a la Contraloría Municipal de Valledupar, en donde actualmente se desempeña Edwin Girón como contralor designado.

Vale recordar que recientemente el Concejo de Valledupar no eligió a Álvaro Luis Castilla Fragozo como contralor municipal al obtener sólo siete de los 19 votos posibles. 12 concejales votaron en blanco.

La decisión de la Corte Constitucional también le abre una gran puerta a los 16 concejales que fueron inhabilitados por la Procuraduría General de la Nación, quienes, aunque no alcanzan a regresar al Cabildo este año, pueden quitarse la inhabilidad y seguir ejerciendo su trabajo político y desempeñarse en cargos públicos.

Ahora será el tribunal Administrativo del Cesar quien notifique a Omar Contreras Socarrás sobre esta decisión y, en consecuencia, deberá volver a la Contraloría Municipal de Valledupar.

Según el propio Contreras Socarrás, por ser una decisión de la Corte Constitucional, no procede recurso alguno.

“Estoy muy contento, muy feliz de haber logrado este triunfo jurídico para mí, y también para los concejales, porque hemos pagado un precio muy alto al decidir el Consejo de estado que estaba inhabilitado cuando, en realidad, no lo estaba”, dijo Contreras a RPT Noticias.

Agregó que “la ciudadanía debe estar clara que actuamos dentro del respeto de las leyes y por ello fue que aspiramos a ser contralor municipal, logrando el mejor resultado del concurso”.

El ex funcionario aseguró que su equipo jurídico revisará si es viable una demanda para reclamar los sueldos dejados de percibir en la Contraloría Municipal de Valledupar, desde el momento en que le anularon su elección hasta la fecha en que regrese al organismo de control.

El texto completo del Comunicado N° 48 de la Corte Constitucional es el siguiente:

“REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
COMUNICADO No. 48
Noviembre 27 de 2019

ADEMÁS DE LAS DECISIONES QUE FUERON PUBLICADAS EN EL COMUNICADO ANTERIOR, NÚMERO 48, LA SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PROFIRIÓ EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019, LA SIGUIENTE SENTENCIA DE REVISIÓN DE TUTELA:

EXPEDIENTE D-13147 – SENTENCIA SU-566/19 (noviembre 27)
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo

  1. Hechos

La Corte decidió la tutela interpuesta por Omar Javier Contreras Socarrás contra la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante la cual se declaró la nulidad de su elección como Contralor Municipal de Valledupar. El accionante alegó que con esa decisión judicial la Sección Quinta vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a elegir y ser elegido, por cuanto se basó en el supuesto de que se encontraba inhabilitado para ser elegido Contralor Municipal por haber ocupado, dentro del año anterior, un cargo en el nivel ejecutivo en una entidad del orden departamental, no obstante que, si bien, dentro de dicho término, ocupó el cargo de Defensor Regional del Pueblo en el Departamento del Cesar, el mismo no pertenece al orden departamental.

  1. Decisión

Primero. REVOCAR las sentencias proferidas el 31 de octubre de 2018 por la Sección Primera del Consejo de Estado y el 16 de enero de 2019, por la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negaron la acción de tutela interpuesta y, en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de Omar Javier Contreras Socarrás al debido proceso y de acceso al ejercicio de cargos públicos.

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 19 de julio de 2019 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad de la elección del accionante como Contralor Municipal de Valledupar, bajo radicado No. 2001-23-39-0022017-00147-00 (acumulado con el proceso Nro. 2017-00148-00), y CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 21 de septiembre de 2017 dentro del mismo proceso, por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO. Por Secretaría General líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

  1. Síntesis de la providencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró los derechos del señor Omar Javier Contreras Socarrás al debido proceso y de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos al declarar la nulidad de su elección como Contralor Municipal de Valledupar, pues al momento de su elección no se encontraba inhabilitado para ser elegido en dicho cargo.
En efecto, el cargo de Defensor Regional del Pueblo que desempeñó dentro del año anterior a su elección, no es un cargo del orden departamental y, por lo mismo, no se configuró uno de los presupuestos de la inhabilidad por ocupación de cargos públicos prevista en el inciso
octavo del artículo 272 de la Constitución.

Dicha norma constitucional, antes de su reforma por el Acto Legislativo 4 de 2019, establecía
que no podrá ser elegido en dicho cargo, “quien haya ocupado cargo público en el nivel
ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal” (Negrillas fuera de texto).

Conforme a dicha disposición el presupuesto de la inhabilidad relativo al orden territorial del cargo configura la inhabilidad cuando el aspirante al cargo de contralor municipal ejerce cargo público en el nivel asesor o directivo de la entidad territorial sujeta al control fiscal de la respectiva Contraloría, pues ello implicará la posibilidad de controlar su propia gestión fiscal. Los Defensores Regionales ejercen un cargo ubicado en el nivel directivo de la Defensoría del Pueblo pero dicha entidad pertenece al orden nacional, razón por la que no se configura el elemento territorial y, por lo mismo, no se configura la inhabilidad.

Precisó la Corte que, además de las inhabilidades señaladas por el Constituyente, el legislador, en ejercicio del amplio margen de configuración de que goza en materia de inhabilidades de los servidores públicos del nivel territorial, puede establecer otro tipo de inhabilidades, siempre que lo haga de manera razonable y proporcional, de acuerdo con los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución. No ocurre lo mismo con el operador jurídico quien debe interpretar estricta y restrictivamente las causales de inhabilidad por tratarse de excepciones legales al derecho fundamental de los ciudadanos de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. Así, en su aplicación no se admiten analogías ni aplicaciones extensivas.

Por tales razones, la Corte constató que la sentencia de 19 de julio de 2019 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo. En consecuencia, la dejó sin efectos para, en su lugar, dejar en firme la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 21 de septiembre de 2017 dentro del mismo proceso.

ALBERTO ROJAS RIOS
Vicepresidente”

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