La pelea contra la instalación de los siete peajes en los departamentos del Cesar y La Guajira, varios de ellos, cerca de Valledupar, está casi que perdida, porque no depende de la voluntad política del gobierno nacional sino de un acuerdo de voluntades entre la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y la Concesión Cesar Guajira SAS, quienes firmaron el contrato de Alianza Público Privada para ejecutar la rehabilitación y el mantenimiento del eje vial entre San Roque, en el Cesar y Cuestecitas, en La Guajira, incluyendo una doble calzada entre Valledupar y Puente Salguero y una variante entre Puente Salguero y San Diego, Cesar. Además, de la vía San Juan del Cesar – Valledupar.
Para el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón Márquez, la pelea de la dirigencia política del Cesar, contra los peajes, es extemporánea porque en estos momentos se hace necesaria una modificación al contrato de concesión, situación que no será nada fácil.
La Concesión Cesar Guajira SAS ya comenzó a instalar las casetas de peajes, pero poblaciones como Rincón Hondo, Río Seco, Agustín Codazzi y sur de La Guajira, han realizado manifestaciones en contra de la instalación de los puntos viales de cobro, pero hasta ahora eso no ha dado frutos.
Varios congresistas del Cesar, alcaldes y concejales electos de los municipios incluidos en el proyecto y los pobladores, han bloqueado vías para llamar la atención del gobierno nacional, pero hasta el momento, nada ha pasado. Urón Márquez considera que ya prácticamente es poco lo que se puede lograr.
Las directivas de la Concesión Cesar Guajira SAS han indicado en el pasado que ellos deben ejecutar el contrato de concesión tal y como fue concebido por la Agencia Nacional de Infraestructura, lo que significa que esa entidad del estado es la que debe modificar la contratación, si ello es posible; sin embargo, la única manera que tiene la concesionaria de recuperar el dinero que invertirá en la rehabilitación y el mantenimiento de este eje vial es mediante el cobro de peajes, lo que significa que son los usuarios los que pagarán el mantenimiento de la vía y no el estado colombiano. Por ahora, la pelea está perdida y, finalmente, las casetas de peajes terminarán instalándose, aunque los pobladores se opongan.