Miembros del CTI seccional Cesar, realizaron en Barranquilla la captura de Rafael Ignacio Hoyos Cañaveras, vinculado a la investigación por parte de la Fiscalía por las irregularidades en el contrato de concesión para el sistema de tránsito de Valledupar.
De acuerdo a informaciones de fuentes oficiales se pudo conocer que Rafael Ignacio es el representante y dueño de la empresa Servicios de Córdoba S.A, la cual hacía parte de las empresas que conformaron la unión temporal para la concesión del tránsito de Valledupar para el año 2005 en el gobierno de Ciro Pupo Castro y, que duraría 20 años.
Tras la captura de Hoyos Cañaveras, se realizó su traslado hasta esta ciudad donde la Fiscalía 12 Seccional contra delitos a la administración pública le imputó peculado por apropiación ante el Juzgado Tercero Penal con funciones de control de garantías.
Esta investigación se inició tras la denuncia presentada el 27 de marzo de 2012, por la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal de Valledupar, sobre posibles irregularidades relacionadas con el contrato de Concesión de 2005, suscrito entre el municipio y la Unión Temporal Sistemas Inteligentes de Transito UT-SIT-Valledupar.
El objeto era la repotenciación, operación, mantenimiento y expansión del sistema de semáforos de la ciudad; la implantación de un sistema de control de tráfico y la modernización tecnológica y funcional de la Secretaría de Transporte, logrando recaudar un monto de $42 000 000 000, del cual el 30% le correspondía al municipio y el 70% a la Unión Temporal, con una subdivisión del 49% para la ejecución del contrato para el sistema de semaforización y el 21% para modernización tecnológica, quedando de utilidad el 30% para la Unión Temporal.
Pero esto al parecer todo quedó en papeles ya que al recibir el dinero del anticipo no realizaron las inversiones pautadas en el contrato, “lo que primero iniciaron fue recuperar el dinero que supuestamente habían invertido”, expresó uno de los investigadores.
Además en todo este proceso en el que también están vinculado los contratistas Joel David Montaño Hernández y Manuel Gabriel Turizo Turizo, (privados de la libertad) la Fiscalía pudo establecer que la Unión Temporal solo ejecutó $5 mil millones y, el resto de los ingresos fueron invertidos en viajes, compra de ropa, pago de banquetes y, la posterior cesión del contrato en 2010 a una Sociedad por Acción Simplificada (SAS), denominada SIT Valledupar SAS, que no tenía vínculo contractual con el municipio.
Fuente cacicastereo.com