En el juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías se realizaron las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra José Luis Villalobos Contreras y Nelson Ricardo Montalvo Cortina, funcionarios del CTI, así como también la de German Segundo de Oro Granados, miembro de la Sijin en Chiriguaná-Cesar, a quienes sindican de secuestro extorsivo agravado , hurto calificado y agravado, falsedad en documento público y peculado por uso indebido.
Los hechos se presentaron el 5 de marzo de 2015 en la finca Don Pachito del corregimiento de Boquerón, jurisdicción de Chiriguaná, Cesar cuando aparentemente hombres armados a bordo de una camioneta de propiedad de la Fiscalía, adscrita a Chiriguaná, ingresaron sin una orden judicial a la vivienda de Claudio Ávila Acosta e incautaron una mercancía dentro de la que había cajas de cigarrillos, artículos de aseo y otros elementos. Luego de estos actos retuvieron al dueño de la vivienda por más de 12 horas.
Luego de esto hubo un presunto acuerdo entre los sindicado y Ávila Acosta, quien le entregó 30 millones de pesos a los acusados, quienes al devolver la mercancía al parecer solo le entregaron la mitad, originando así la denuncia que hoy tiene a estos miembros del estado en los tribunales por varios delitos.
La orden de captura fue emanada desde el 20 de mayo del 2016 por el juzgado 73 de control de garantías de Bogotá en donde la Fiscalía 26 seccional acusó a estos tres funcionarios de corrupción administrativa de justicia.
Los sindicados no se allanaron a los cargos y fueron enviados a un centro carcelario.