Un ultimátum dio la Fiscalía al Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, y al Ministerio de Justicia por el hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) del país.
Mediante una carta, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, dijo que, desde el 2017, unas 926 personas privadas de la libertad están en las salas de paso de la Fiscalía General, cuando estas solo tienen capacidad para alojar 686 personas.
Esta situación, según Néstor Humberto Martínez, hace imposible seguir efectuando capturas en varias regiones del país. Indicó que pese a los reiterado llamados al Inpec, aún no le han dado solución a la problemática.
Según la Fiscalía no se podrán efectuar capturas en el Atlántico, Bogotá, Cauca, Boyacá, Cesar, La Guajira, Magdalena, Medellín, Norte de Santander, Quindío y Risaralda.
Explicaron que en la seccional Cesar, por ejemplo, una persona estuvo recluida en la sala de paso desde julio del 2015, quedó en libertad en septiembre del 2018 por vencimiento de términos y nunca fue trasladada a un centro penitenciario.
El hecho de que los procesados estén recluidos en las Unidades de Reacción Inmediata genera problemas de inseguridad y salubridad.